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Las declaraciones pueden verse a partir del minuto 11:46 del programa
Desde ACADE llevamos meses trabajando intensamente para revertir la situación perjudicial que el nuevo Real Decreto, publicado en el BOE el pasado 8 de octubre, provoca en nuestras universidades privadas. Durante este tiempo hemos llevado a cabo todas las actuaciones a nuestro alcance para trasladar a las Administraciones la preocupación y el impacto que esta norma supone para el sector.
Fruto de estas gestiones, la ultima la reunión mantenida el pasado 14 de noviembre con el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, esta Comunidad ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo al considerar este Real Decreto -al igual que ACADE- arbitrario, injustificado y carente de consenso.
Desde ACADE valoramos este paso como muy significativo en la defensa del sector universitario privado y en el objetivo de corregir los efectos de esta normativa. No obstante, continuaremos trabajando para que otras comunidades se sumen a esta iniciativa.
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En la mañana del jueves 19 de junio, las organizaciones patronales ACADE, CECE y UNI-ONLINE, junto con las organizaciones sindicales UGT Servicios Públicos, USO, FECCOO y FSIE, alcanzaron un acuerdo para la firma del IX Convenio Colectivo Nacional de Universidades Privadas, Centros Universitarios Privados y Centros de Formación de Postgraduados.
La firma oficial del texto tendrá lugar el próximo 30 de junio, y se remitirá copia del documento firmado una vez se formalice. El convenio será de obligado cumplimiento a partir de su publicación en el BOE.
Este nuevo convenio ha sido concebido como un acuerdo de transición, motivado por el contexto de incertidumbre que genera el Proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, y otras normas de igual rango, que afectan a la creación, reconocimiento y acreditación institucional de universidades y centros universitarios.
Principales puntos del acuerdo:
Una vez se conozca el contenido definitivo del nuevo Real Decreto y se analice su impacto real en las empresas del sector, se podría negociar un nuevo convenio atendiendo a las necesidades del as preseas del sector.
Este acuerdo de transición representa un paso necesario para dar estabilidad jurídica y laboral al sector mientras se clarifican los cambios normativos en el marco universitario privado.
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NdP. Madrid. 22/06/2023.- La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE), ha señalado que “en el curso 2020-2021, último con datos disponibles, entraron en el Sistema Universitario Español un total de 91.555 estudiantes internacionales, de los cuales el 64,9% se inscribieron en una universidad pública, y el 34,9% en instituciones privadas”.
Los datos proceden del informe: “El reto de la internacionalización de la universidad española”, elaborado por la Cámara de España, la Fundación CYD y la Conferencia de Consejos Sociales. ACADE resalta que, debido a la pandemia, el curso analizado fue negativo para la afluencia a España de estudiantes internacionales. De hecho, registra un descenso del 29,2% en relación con los alumnos llegados en el curso anterior.
Sea como fuere, en el curso analizado la “cuota de mercado” de las universidades privadas en este segmento rozó casi el 35%, porcentaje que es el doble de la cuota de estas mismas universidades en estudiantes nacionales de grado, que en el mismo curso 2020-2021 fue del 17,2%.
Con estas cifras, según ACADE, en las universidades privadas el porcentaje de alumnos extranjeros sobre el total de alumnos matriculados fue del 15%, proporción que triplica el de las universidades públicas, que solamente adscriben un 5,1% de estudiantes procedentes de otros países.
Según el informe “El impacto económico de los estudiantes internacionales en España. 2020”, realizado por el ICEX, los alumnos universitarios extranjeros que vienen a estudiar a España producen un impacto económico directo de unos 13.800 euros/año, siendo la cifra anterior un promedio que incluye tanto estudios de grado como de másteres.
Al impacto económico directo habría que sumarle el indirecto, en consumos que los estudiantes internacionales realizan en nuestro país (vivienda, alimentación, transporte, etcétera), que se evalúa en otros 26.880 euros/año de media por alumno.
El impacto económico total sería, pues, de unos 40.680 euros por estudiante y año, con un total generado que, para el caso de las universidades privadas, ascendería a unos 1.300 millones de euros en el curso 2020-2021, último analizado.
El impacto económico total está repartido de manera muy desigual por autonomías. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, que cuenta con el mayor número de universidades privadas (9 en funcionamiento en el curso 2020-2021), ingresó aproximadamente un 32,7% del ingreso total que producen los estudiantes internacionales, lo que supuso unos 425 millones de aporte al PIB de la región.
En el polo diametralmente opuesto, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia son comunidades autónomas que no cuentan con ninguna universidad privada y por tanto no perciben ningún ingreso por este concepto.
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En este artículo Juan Santiago hace hincapié en que las tasas de evaluación, matriculación y éxito en las universidades privadas son extraordinarias, mientras que la tasa de abandono es muy reducida. También se refiere a la empleabilidad, «que es diez puntos superior a la que presentan los egresados de las públicas, razón que está en la base de la creciente preferencia de los usuarios por este tipo de instituciones».
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Este es solo uno de los puntos que analiza Juan Santiago, presidente de ACADE, en esta artículo, publicado por el diario El Español el 3 de agosto, sobre el real decreto de creación y reconocimiento de universidades elaborado por este Ministerio.
Un artículo en que muestra distintos ámbitos donde las universidades privadas están realizando una gran labor en el desarrollo académico de sus alumnos, en su mejor empleabilidad, son una importante fuente de riqueza económica y de trabajo para nuestro país y, además, están contribuyendo de forma fundamental al ahorro en los presupuestos públicos.
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El crecimiento de los estudiantes que han elegido la opción de la universidad privada contrasta con el práctico estancamiento del alumnado en las públicas, que en el mismo periodo creció solamente un 0,2 por ciento y se situó en 1.314.546 matriculados.
Con estas cifras, la cuota de participación de las universidades privadas, medida por el número de estudiantes, ha crecido desde el 17,76 por ciento del año anterior, hasta representar en el curso 2019/2020 el 19,5 por ciento del total.
Este crecimiento de las privadas no se puede achacar a la escasez de plazas en las públicas. De hecho, las públicas presenciales ofertaron en 2019/2020 un total de 245.513 plazas en estudios de grado de nuevo ingreso, mientras que solamente se matricularon 223.229 alumnos, quedando 22.274 plazas vacantes, lo que supone el 9,8 por ciento del total ofertado (equivalente a una tasa de ocupación del 90,2 por ciento).
Para Juan Santiago, presidente de ACADE, «la creciente preferencia de los estudiantes por las universidades privadas, que sucede igualmente en otros países de nuestro entorno y a pesar de la abismal diferencia de costes, se debe al hecho de impartir unos estudios más enfocados a la empleabilidad del egresado, con materias que son más demandadas por el actual mercado de trabajo, y a través de modelos de aprendizaje más ajustados a las necesidades actuales, como son los sistemas online e híbridos».
Dado que la plaza universitaria en un centro público tiene un coste anual de unos 9.700 euros, la escolarización de todos los estudiantes de las privadas en universidades públicas le supondría al Estado un gasto suplementario de 3.100 millones de euros, «cantidad que se ahorra la Hacienda pública por la existencia de centros privados».
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Es evidente que el incremento de alumnos en universidades privadas no se debe a que no haya suficiente oferta de plazas en las universidades públicas, sino a otros motivos como:
La inmensa mayoría de las universidades privadas en funcionamiento son de muy reciente creación, acogidas a la Ley que las autorizó en 1993 y que fue impulsada por el entonces ministro de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba. Los resultados obtenidos se han logrado en muy pocos años y el Estado ha sido el primer beneficiado: si tuviera que proveer de plaza a cada uno de esos 283.000 alumnos que se pagan ellos mismos (y sus familias) los estudios universitarios, a casi 10.000 euros por alumno y año, tendría que incrementar en más de 2.800 millones de euros el gasto público educativo. Además, las universidades privadas atraen cada año a estudiar en España a 35.000 alumnos extranjeros, con el consiguiente efecto económico sobre nuestro PIB.
Dicho todo lo anterior, ACADE no puede entender que se prevea establecer más limitaciones y obstáculos al desarrollo de las privadas en España, que ya están controladas y fiscalizadas por los mismo órganos que las públicas, que a la luz de todos los datos expuestos deberían ser el principal motivo de preocupación del Ministerio de Universidades.
ACADE considera que las universidades privadas deben tener libertad para elegir su modelo, sin imposiciones arbitrarias creadas ad hoc para detener su implantación en España.
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Además destaca «la alta tasa de empleabilidad» de los alumnos de las universidades privadas respecto al alumnado de os centros universitario públicos.
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