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Entre las cuestiones tratadas en la reunión, destacan:
Los representantes del Partido Popular se comprometieron a seguir trabajando de manera conjunta en todos los temas abordados.
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Así lo manifestó José Antonio Rovira Jover, conseller de Educación, Universidades y Empleo; en el encuentro que mantuvo junto con Daniel McEvoy Bravo, secretario Autonómico de Educación, el 31 de octubre, con los representantes de ACADE en la comunidad valenciana: Alejandro Monzonís, presidente autonómico; Franc Corbí, vicepresidente primero nacional; Cristóbal Bellés, Maite Marín y Rosario Palau, miembros de la Junta Directiva de Valencia; y Carmen Bardal, presidenta de la Sectorial de Infantil de ACADE en esta autonomía.
En esta reunión, además, ACADE expuso las siguientes solicitudes:
ACADE volvió a trasladar las dificultades del del sector de educación infantil privada., y entregó a la Consellería un informe que recoge diferentes sus propuestas para que sean tenidas en cuenta para el próximo curso escolar 2024/2025.
Por su parte, la Consellería manifestó su voluntad de implantar la gratuidad en todo el primer ciclo de Educación Infantil y para ello creará una Comisión de Infantil que trabajar sobre este modelo para decidir la mejor opción para llevarla a cabo.
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En el encuentro, que tuvo lugar el 23 de octubre, ACADE solicitó que se realicen en esta comunidad las siguientes actuaciones:
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En el encuentro, el presidente de ACADE le expuso las propuestas de la Asociación para la enseñanza y las necesidades de este sector educativo, que matricula en España a cerca de 2.800.000 de alumnos de enseñanzas no universitarias, según informa el Ministerio de Educación en su último análisis detallado, correspondiente al curso 2021-22.
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Entre los principales temas que se abordaron en la reunión, que se celebró el martes 5 de julio, destacan los siguientes:
El proyecto de Real Decreto de Régimen de Centros Docentes Extranjeros en España, que está elaborando el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y que podría suponer el cierre de cerca del 40 % de estos centros, dejando sin escolarizar a más de 50.000 alumnos, y con la destrucción de miles de puestos de trabajo.
ACADE hizo hincapié en que es absolutamente imprescindible que la nueva norma no tenga carácter retroactivo respecto a los centros que ya están operando en España y a la renovación de sus autorizaciones, tal como está contemplado en la redacción actual del proyecto de R.D.
También subrayó que no se puede equiparar los requisitos que se exige a los centros extranjeros -tanto en la regulación de instalaciones y espacios, como en el horario de lengua y cultura española y autonómica, su evaluación y titulaciones de los docentes que las imparten-, con los que se exigen a los centros nacionales, ya que responden a proyectos pedagógicos y curriculares distintos. Además, los centros extranjeros ya están regulados por las leyes educativas de sus respectivos países de origen.
Otro aspecto que se recalcaron es, por una parte, que no se puede prohibir, tal como contempla esta la redacción de R.D., que los colegios mantengan en su denominación el nombre del proyecto pedagógico que representan. Por otra parte, la inconstitucionalidad en la que incurre esta norma al prohibir a los centros extranjeros impartir enseñanza semipresencial o a distancia, cuando sí está permitido para los cetros nacionales en las etapas de Bachillerato y Formación Profesional.
La grave situación que está atravesando la Educación Infantil privada en España fue otro de los puntos destacados de esta reunión. Un sector en el que, desde el curso 2019-20 al 2020-21, la tasa de escolarización en el primer ciclo se desplomó del 41,1% hasta el 36 % (80.000 niños menos), arrastrando consigo el cierre de cerca de 1.000 escuelas (pasando de cerca de 5.400 centros a unos 4.500), con la destrucción de 10.000 puestos de trabajo.
Desde ACADE se expuso las causas sistémicas que están llevando al cierre masivo de centros, y que se han sumado a la pandemia: el alarmante descenso de la natalidad en nuestro país; el profundo daño de la proliferación de establecimientos que ofertan sus servicios como centros de educación infantil sin contar con la necesaria autorización de la Consejería correspondiente y la inacción de las Administraciones; la pérdida de empleo de muchos padres y el efecto del teletrabajo; el constante incremento de los gastos para las empresas en todos los conceptos (salariales y no salariales); y determinadas políticas educativas nacionales y autonómicas que están perjudicando al sector.
Precisamente, en este último aspecto, y para paliar la destrucción de centros educativos privados, ACADE propone que para universalizar y extender la gratuidad de la educación de 0 a 3 años es necesario que las Administraciones públicas cuenten con la extensa red de centros privados que existe en España, promoviendo y aumentando las becas o cheques a las familias para que puedan escolarizar a sus hijos en estas escuelas. Un sistema menos complejo, y mucho más efectivo y económico para las Administraciones que la construcción de nuevas escuelas públicas donde ya existen centros privados, y pedagógicamente mucho más adecuado que la adaptación de aulas de Primaria para educación infantil.
La autonomía diferenciada organizativa, curricular y pedagógica para los centros absolutamente privados fue otro de los objetivos que se abordaron en esta reunión con los representantes del Partido Popular. En ese sentido, se recordó a los representantes políticos la importancia de realizar el desarrollo normativo del apartado 6 de la disposición final primera de la LOE, vigente en la actualidad, donde se reconoce el derecho que tienen nuestros centros a ejercer una autonomía diferenciada respecto a los centros financiados con fondos públicos.
Por último, los responsables de ACADE también expusieron los modelos de financiación educativa dirigidos a las familias -el cheque escolar y la desgravación fiscal de los gastos educativos-, tanto para enseñanza reglada como para enseñanzas no regladas, que ayudarían a paliar la crisis y pérdida de alumnos que está teniendo el sector de la educación privada, el cierre de centros, además de resultar a corto y medio plazo mucho más rentables para las Administraciones.
Como ejemplo, para exponer el considerable ahorro para las arcas públicas de poner en marcha estas propuestas de financiación, ACADE analizó el modelo de la Comunidad de Madrid, que tiene en su tramo autonómico la deducción fiscal sobre varios gastos educativos.
ACADE explicó cómo llevando a cabo unos pocos incrementos sobre los porcentajes de deducción, la Comunidad madrileña conseguiría un ahorro importante respecto al aumento que tendría en el coste en Educación si los alumnos de los centros privados se trasladasen a centros públicos o concertados como consecuencia del cierre del centro privado, o porque las familias ya no puedan asumir ese gasto educativo, consistentes en:
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