Los términos solicitados fueron los siguientes:

• • Incremento del porcentaje de la deducción por gastos de escolaridad y enseñanza de idiomas del 15% actual al 25%.
  • Incremento del porcentaje de la deducción por gastos de adquisición de vestuario de uso exclusivo escolar del 5% actual al 15%.
  • En cuanto a la enseñanza de idiomas, que esta deducción sea aplicable con carácter universal y no vinculado a que sea una actividad extraescolar.
  • En cuanto al límite de las cuantías para la deducción por gastos de escolaridad, se solicitó que pase a ser de 3 000 euros anuales por descendiente, para las etapas de primer y segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y FP básica.
  • En cuanto al límite de la base imponible de la unidad familiar, se solicitó que sea el resultado de multiplicar por 50 000 el número de miembros de la unidad familiar.

Además, se volvió a exponer la preocupante situación en la que se encuentra la educación infantil privada, por lo que, junto con la desgravación fiscal, se demandó que se lleve a cabo una ampliación de las cuantías de las becas 0-3, en la línea del compromiso alcanzado por la Consejería de Educación con ACADE.

Al encuentro, que tuvo lugar el 3 de octubre, también asistieron la secretaria general de ACADE, Charo Vega, y el director del departamento Jurídico, Luis Torres.

En la reunión ACADE solicitó el incremento de la deducción por gastos de escolaridad, de enseñanza de idiomas y de vestuario escolar prevista en el tramo autonómico de Madrid en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Las demandas hechas por ACADE son las siguientes:

• • Incrementar la deducción por gastos de escolaridad del 15% actual al 25%.
  • Incrementar la deducción por estudios de idiomas a alumnos que estén cursando algún estudio oficial de sistema educativo del 10% actual al 20%, ampliándose a toda la población  (universalización de la medida).
  • Incrementar la deducción por gastos de vestuario del 5% actual a 15%.
  • Incrementar el límite máximo de la deducción desde los 900 y 1.000 euros actuales hasta 1.500 euros, en concepto de escolaridad y enseñanza de idiomas.
  • Incrementar el límite de renta familiar desde los 30.000 euros por miembro familiar actuales hasta un importe de 50.000 euros.

Desde ACADE se comunicó a los representantes de la consejería la ‘enorme preocupación e incertidumbre que se ha generado ante la grave situación que está atravesando la educación Infantil privada y el sector privado de la enseñanza de idiomas’.

El sector de la educación infantil se ha visto afectado seriamente por diversas  circunstancias, entre las que destacamos: la gratuidad del primer ciclo de educación infantil en la red de escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid, el fenómeno llamado “madres de día”, la oferta de servicio de cuidado de niños en urbanizaciones, los establecimientos que ofrecen sus servicios como centros educativos sin la autorización de la consejería de educación, el incremento del teletrabajo, el aumento de los gastos sociales de los centros educativos sin que estos puedan ser repercutidos a las familias y el impacto del COVID-19.

Todas ellas han provocado (según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional) un descenso de 947 escuelas infantiles privadas a nivel nacional entre los cursos 2019/2020 y 2020/2021. Según los datos citados anteriormente, en la actualidad hay 4.415 escuelas infantiles en toda España.

Por su parte, el sector de la enseñanza de idiomas también sufre negativas consecuencias provocadas por elementos como la oferta de enseñanza de idiomas fuera de los centros autorizados, la competencia desleal de plataformas internacionales y el fuerte impacto del COVID-19; que han provocado el cierre de aproximadamente un 30% de los centros de enseñanza de idiomas. Ante esta situación ACADE propuso la creación de un registro de centros de enseñanza de idiomas acreditados ante la Comunidad de Madrid, para la aplicación de la deducción en concepto de enseñanza de idiomas.

Juan Santiago propuso a Rocío Albert la ampliación de la desgravación fiscal de los gastos educativos hasta 1.500 euros por hijo -en la actualidad está en un máximo de 900 euros-, pasando así de una desgravación del 15 % actual al 25 %; así como el incremento del volumen y la cuantía de los cheques escolares.

La situación de los centros privados de educación infantil fue otros de los ámbitos que se analizaron en la reunión. Juan Santiago propuso que la gratuidad y universalización de la escolaridad en el tramo de 0 a 3 años se realice teniendo en cuenta la red de centros privados, extendiendo y ampliando los modelos de financiación propuestos ya que permiten a las familias escoger con mayor libertad la escuela que más se ajusta a sus necesidades.

Además, destacó que con ello se evitaría el cierre de un importante sector educativo que en la actualidad cuenta con muchos más centros que la red pública, que escolarizan en la comunidad madrileña al 52 % de los niños de 0 a 3 años. “El cierre masivo de estas escuelas supondría además una gran destrucción de empleo en un sector joven y altamente feminizado”.

Bachillerato y Autonomía

En esta línea de fórmulas que favorecen a las familias madrileñas, Juan Santiago subrayó también la necesidad de incrementar las becas en Bachillerato que permitan a los alumnos sufragar los gastos de escolarización en el centro que deseen.

Otro de los puntos abordados en el encuentro fue la autonomía diferenciada para los centros privados ya que no están sostenidos con presupuestos públicos. El presidente de ACADE hizo referencia especialmente a dos ámbitos. Por una parte demandó la continuidad de los exámenes extraordinarios de septiembre para los colegios privados, como ocurre en la actualidad. Por otra parte solicitó una mayor autonomía para estos centros para que puedan desarrollar proyectos innovadores que den respuesta a las demandas de la sociedad.

Los representantes de ACADE explicaron las principales aportaciones de la enseñanza privada no concertada en los ámbitos económicos, sociales y educativos de España y Andalucía.

El presidente de ACADE solicitó al Consejero que se dote a los los centros que no reciben ningún tipo de subvención de las Administraciones públicas de una amplia autonomía en los ámbitos pedagógico, curricular y de gestión que permita a los centros privados andaluces desarrollar proyectos diferenciales y adaptarse a las necesidades educativas de sus alumnos.

La libertad de elección de centro y los diferentes modelos de financiación directa a las familias, para el cumplimiento del citado derecho constitucional, fue otra de las defensas presentadas por Juan Santiago, que expuso al Consejero la necesidad de aplicar fórmulas como la degravación fiscal de los gastos educativos y el bono escolar, que ya vienen aplicándose en algunas comunidades Autónomas con éxito.

Otro de los aspectos importantes destacados por los representantes de ACADE fue el modelo de financiación del sector de Educación Infantil en Andalucía y la preocupación por el incremento de las prácticas ilegales de centros que actúan como escuelas privadas de educación infantil sin la autorización de la Administración competente.

Por último, se solicitó al consejero una mayor accesibilidad de los centros privados al portal Séneca de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

ACADE, como patronal mayoritaria del sector de la educación privada, ha manifestado al consejero su intención de seguir contribuyendo a la calidad y excelencia de la enseñanza en Andalucía.

Los representantes de ACADE transmitieron a Moneo las principales líneas para la mejora de la educación española. Entre ellas, el incremento de la autonomía diferenciada para los colegios y escuelas infantiles privadas recogida en la disposición final primera apartado 6 de la LOE, pero no desarrollada.

Este reconocimiento a la autonomía pedagógica, curricular y de gestión diferenciada para los centros privados, se basa en que no reciben financiación pública. Esto les permitirá adaptar su proyecto a las necesidades y demandas educativas de sus alumnos.

Al igual que manifestó ante la ministra de Educación, Juan Santiago expresó a Sandra Moneo la necesidad de desarrollar en el ámbito estatal fórmulas que ayuden a las familias a sufragar los gastos en educación, como son la desgravación fiscal de los gastos educativos y el bono escolar, lo que «acabaría con las desigualdades autonómicas en los beneficios económicos que reciben las familias”.

Educación infantil

La difícil situación del sector privado de escuelas infantiles fue otro de los puntos destacados de este encuentro con la portavoz popular de la comisión de Educación. Medidas como la que va a poner en marcha el próximo curso en Madrid, al establecer la gratuidad del primer ciclo de educación infantil en las escuelas de la Comunidad sin que vaya parejo con el incremento de los bonos escolares para los padres de los centros privados, puede acarrear el desmantelamiento del sector privado de educación infantil.

Así lo manifestó Juan Santiago, que no se opone a la gratuidad, pero sí a la forma elegida para financiar las plazas escolares, “ya que el modelo implantado obliga a los padres a estar sujetos a las escuelas públicas de la Comunidad. Las familias estarían más beneficiadas si el Gobierno madrileño optase por incrementar significativamente el bono 0-3 o implantase la desgravación fiscal de los gastos educativos. De esta forma los padres tendrían la libertad de escoger el centro que quisieran, independientemente de que fuese público o privado, y al mismo tiempo disfrutar de la escolaridad gratuita”. Esta petición la realizó también el presidente de ACADE ante el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, en la reunión que mantuvieron el pasado 26 de octubre.

Solo en Madrid este sector, altamente feminizado, emplea a cerca de 10.000 trabajadores, y la drástica disminución de alumnos prevista para el próximo curso puede llevar a reajustes de plantillas o cierre de escuelas. El presidente de ACADE también expuso esta situación ante el consejero de Educación madrileño en el encuentro que mantuvo el 26 de octubre.

Santiago abogó también por “el mantenimiento de la unidad del primer ciclo”, y analizó el incremento de los establecimientos que actúan ilegalmente como escuelas privadas de educación infantil autorizadas sin serlo. En este ámbito subrayó “el gran perjuicio económico para el sector, el resentimiento de la calidad educativa y el peligro en que se pone para la seguridad de los niños”.

Este reconocimiento diferenciado para los centros privados en los ámbitos pedagógico, curricular y de gestión, ya que no reciben ninguna financiación pública, les permitirá adaptar su proyecto a las necesidades y demandas educativas de sus alumnos.

El presidente de ACADE, Juan Santiago, que asistió al encuentro acompañado por Franc Corbí, vicepresidente; y Charo Vega, secretaria general, expuso también a la ministra que la Ley Orgánica debería contemplar explícitamente fórmulas que ayuden a las familias a sufragar los gastos en educación. En este sentido, Santiago defendió la desgravación fiscal de los gastos educativos y el bono escolar.

Para ACADE de esta forma “se acabarían con las desigualdades de ayudas económicas a las que están sometidas las familias españolas en función de la comunidad autónoma en la que vivan”.

Educación infantil

Otro de los puntos que los representantes de ACADE desarrollaron en su encuentro con la ministra fue su preocupación por el momento que atraviesa el sector de Educación Infantil. Juan Santiago abogó por “el mantenimiento de la unidad del primer ciclo”, y analizó el incremento de las prácticas ilegales de centros que actúan como escuelas privadas de educación infantil autorizadas sin serlo. En este ámbito subrayó “el gran perjuicio económico para el sector, el resentimiento de la calidad educativa y el peligro en que se pone para la seguridad de los niños”.

ACADE, como patronal mayoritaria del sector de la educación privada, ha manifestado al ministerio su disposición a participar en el debate de la reforma educativa.

Pie de foto, de izquierda a derecha: Franc Corbí, vicepresidente de ACADE, Juan Santiago, presidente; ministra de Educación; secretario de Estado de Educación; Charo Vega, secretaria general de ACADE.

ACADE no se opone a la gratuidad, pero sí a la forma elegida para financiar las plazas escolares. Así lo expresó Juan Santiago quien manifestó su descontento al consejero ya que el modelo implantado obliga a las familias a estar sujetas a las escuelas públicas de la Comunidad si quieren beneficiarse de la gratuidad. “Las familias, subrayó Santiago, habrían salido más beneficiadas si el Gobierno madrileño hubiera optado por incrementar significativamente el cheque 0-3, o implantase la desgravación fiscal de estos gastos educativos. Solo así, los padres tendrían la libertad de escoger el centro que quisieran, independientemente de que fuese público o privado, y al mismo tiempo disfrutar de la escolaridad gratuita”.

Además, el presidente de ACADE expuso a los responsables de Educación las graves consecuencias que esta medida puede acarrear en el sector de escuelas infantiles privadas, y las repercusiones en el tejido empresarial madrileño. Este sector, altamente feminizado, emplea en la comunidad madrileña a cerca de 10.000 trabajadores, y la drástica disminución de alumnos prevista para el próximo curso puede llevar a reajustes de plantillas o cierre de escuelas.

Por su parte el consejero adelantó que la Comunidad “no tienen voluntad ni presupuesto” para ampliar la red escuelas infantiles públicas, y confirmó que la gratuidad solo se aplicará a la escolaridad quedando fuera cualquier otro concepto y servicio como comedor, ampliación de horario o actividades.

En relación al cheque 0-3 Van Grieken destacó que en 2019 se mantendrá la convocatoria en los términos actuales, lo que supone idéntico calendario y partida presupuestaria de 36,6 millones de euros. Además manifestó su intención de que la resolución definitiva se produzca en julio.

Evaluación extraordinaria

Otro apartado que el presidente de ACADE transmitió al consejero fue la preocupación que se generó en el sector de colegios privados por la modificación de las fechas de evaluación extraordinaria en ESO y Bachillerato, y que vinculan exclusivamente a los centros financiados con fondos públicos. El problema surgió cuando al remitirse las nuevas fechas al calendario escolar algunos inspectores pretendieron aplicar este calendario a los centros privados.

En este sentido, Juan Santiago defendió la autonomía diferenciada de los centros privados y subrayó que deben poder establecer plazos diferentes a los determinados para los centros sostenidos con fondos públicos.

Desgravación fiscal

En este encuentro con la consejería de Educación, ACADE volvió a recalcar la necesidad de incrementar la deducción fiscal en el tramo autonómico de los gastos por escolaridad, en los siguientes términos:

• Porcentaje de deducción aplicable, incrementándolo desde el 15 % actual hasta el 25 %.
• Límite máximo de la deducción, incrementándolo desde los 900 euros actuales hasta 1.500 euros.
• Límite de renta familiar, incrementándolo desde los 30.000 euros por miembro familiar actuales hasta un importe de 50.000 euros.

Además solicitó que también se incluya en esta deducción el primer ciclo de la educación infantil, como propusieron tanto Cristina Cifuentes como Ángel Garrido. Sobre estas peticiones Rafael Van Grieken notificó que los límites de desgravación se mantendrán en los términos actuales, si bien sí está prevista la ampliación al tramo 0-3, aunque depende de la tramitación final en la Asamblea de Madrid.

Ronda de contactos

Este encuentro con la consejería madrileña se suma a la ronda de contactos que el presidente de ACADE está manteniendo con los responsables autonómicos de Educación y distintos organismos desde que asumió la presidencia el 21 de septiembre. El 25 de octubre se reunió, junto con Franc Corbí, vicepresidente de ACADE, y Alejandro Monzonís, presidente en la comunidad valenciana, con el secretario autonómico de Educación e Investigación de la Comunidad Valenciana, Miguel Soler; y el 15 del mismo mes con el presidente del Consejo Escolar del Estado, Ángel de Miguel Casas.

La educación infantil centró gran parte del encuentro. Uno de los temas fue transmitir a Soler el perjuicio causado al sector privado por la inclusión de las escuelas infantiles municipales en el sistema de bonos escolares.

El presidente de ACADE manifestó el malestar y la incertidumbre generada por el sistema poco equitativo de distribución de los bonos 0-3 en el que las familias de los centros privados salen perjudicadas. Esto se debe a que el Gobierno autonómico incluyó en una misma partida presupuestaria los bonos dirigidos a las familias escolarizadas en centros privados de 0 a 3 años, a las escuelas municipales de 0 a 2 años, y la gratuidad de las aulas de 2-3 años en escuelas municipales.

El problema surge en que las ayudas a las  aulas gratuitas están destinadas al centro y tienen preferencia sobre las ayudas a las otras dos líneas de escolarización. A continuación, la convocatoria prima los bonos en las escuelas municipales, y lo que quede del presupuesto se destinará a las familias que tengan sus hijos escolarizados en centros privados.

Ante esto, Miguel Soler anunció su intención de separar en las próximas convocatorias las asignaciones presupuestarias destinadas a los centros privados de las dirigidas a las escuelas municipales, valorando el servicio y la calidad que prestan los centros de educación infantil de ACADE. Este año la conselleria ha incrementado de 30 a 48 millones de euros la asignación la partida de bonos 0-3.

Los representantes de la patronal también le mostraron su preocupación por la enorme cantidad de incidencias que se están produciendo en la gestión del bono en la actual convocatoria, en la que la Comunidad tuvo que asumir la labor gestora al no presentarse ninguna empresa.

Varios errores de Educación en el cotejo de los datos fiscales de las familias acarrearon que un gran número de padres quedasen excluidos en los listados provisionales. La situación continuó agravándose debido a que en las listas definitivas, estos equívocos no fueron subsanados.

Esto ha causado una gran alarma social, y aunque la conselleria reconoció los errores y se comprometen a subsanarlos “en el menor plazo posible”, por ahora son las escuelas infantiles privadas las que están soportando el adelanto del pago del bono, realizando grandes desembolsos económicos con el objeto de que este gasto no repercuta en la economía familiar. La situación está poniendo en peligro la supervivencia de muchas escuelas que no cuentan con el soporte económico necesario para hacer frente a estos grandes desembolsos.

Establecimientos ilegales

Otro de los temas tratado en el encuentro con la conselleria fue la creciente proliferación en la comunidad valenciana de establecimientos que funcionan ilegalmente como centros de educación infantil privados sin contar con la autorización de Educación. La comunidad valencia es, junto Andalucía, una de las autonomías donde más crece el número de estos centros ilegales, lo que puede suponer un peligro para seguridad del niño al no contar con ninguna de las inspecciones –educativas, de instalaciones, profesionales, sanitarias, de protección de riesgos laborales…- que exige Educación. Además supone un fraude para las familias que desconocen que el centro se mueve en la ilegalidad.

ACADE también propuso a Miguel Soler la posibilidad de contemplar la desgravación fiscal autonómica para las familias por gastos escolares en enseñanza privada, similar a como sucede en la comunidad de Madrid, y que está teniendo una gran aceptación social.

Francisco López Rupérez, anterior presidente del Consejo Escolar del Estado, desgranó el artículo 27 de la Constitución española que recoge el derecho fundamental de la educación y la libertad de enseñanza. “La libertad de enseñanza se estructura en una triple vertiente: libertad de creación de centros, libertad de elección de centro por parte de las familias, y libertad de cátedra”. Para López Rupérez la importancia de estos derechos fundamentales recogidos en la carta magna española es que también están amparados por órganos internacionales superiores. “El artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge el derecho preferente de los padres de elegir el tipo de educación que ha de darse a sus hijos”, señala.

Este analista es muy crítico con la situación actual. “En el debate del Pacto de Estado por la Educación se están planteando dudas a la libertad de enseñanza por lo que debemos estar muy atentos ya que pueden constituir una serie de amenazas al mejoramiento de la libertad de enseñanza en nuestro país. Se está violentando el marco constitucional y la única alternativa es recurrir a los tribunales. Lo malo es que esto puede producir un efecto retardo que a menudo conlleva el cierre de colegios, la reducción de la oferta educativa a las familias y, por tanto, de la libertad de enseñanza”.

Una de las conclusiones del Foro es que, si bien la Constitución española declara que la educación debe ser libre y gratuita, en la práctica no siempre es así. Uno de los grandes retos para que todas las familias españolas puedan en igualdad de condiciones ejercer estas libertades es cambiar los actuales modelos de financiación de la enseñanza para eliminar el doble pago de los padres que optan por centros privados.

Desgravación fiscal para la educación

En este sentido Alejandro Monzonis subrayó que falta unidad de criterio entre las comunidades autónomas. “Mientras en Madrid, para promover la libertad de los padres en la elección de centro existe, desde hace años, desgravación fiscal de los gastos educativos en el tramo autonómico del IRPF -al que pueden acogerse tanto familias de la privada, como de la pública o la concertada, ya que va en función de la renta-, en la comunidad valenciana no tenemos nada”.

Para Alejandro Monzonís, la Generalitat está muy focalizada hacia la enseñanza pública, además “hay un gran interés por saber qué va a pasar con la concertada, y parece que la privada está en tierra de nadie. Nosotros tememos autonomía y nuestro objetivo es trabajar por el bien del alumno”, afirma.

Y lanza una pregunta: “¿Por qué la escuela pública valenciana está vacía?” Su respuesta es clara. “Porque los padres no encuentran ahí lo que quieren para la educación de sus hijos. Los profesores son muy buenos, pero las herramientas no están adecuadas al siglo XXI, lo que lleva a que la calidad educativa no sea competitiva”.

Decreto de plurilingüismo del valenciano

El presidente autonómico de ACADE es tajante en relación a la política que está desarrollando la Generalitat sobre la lengua valenciana. “Es un grave error obligar en pleno siglo XXI a que el valenciano prevalezca en el curriculum sobre el inglés o el castellano. Debemos defender y enseñar el valenciano porque es nuestra lengua y tiene que estar viva. Los alumnos tienen que estudiarla y aprobar el Mitjà, pero de ahí a que sea prioritario en el colegio sobre el inglés y el español, hay un paso de gigante”. 

Se trata de formar a los estudiantes para que puedan desarrollarse en un entorno complejo y globalizado. Así lo manifestó Alejandro Monzonís en su intervención. “Lo importante es que nuestros alumnos estén lo mejor formados posible, tenemos que pensar en términos de calidad. Ellos son el futuro inmediato, tienen que ser internacionales, globales, no podemos pensar que tenemos una educación enclaustrada en nuestras propias comunidades”, subraya.

El Libro plantea la apuesta estratégica de los empresarios por la educación y la formación en nuestro país como medio para el logro de más y mejor empleo, de un crecimiento económico sostenible y de una mayor cohesión social.

En un contexto caracterizado por el ritmo acelerado de los cambios tecnológicos que afectan a la sociedad, a la economía y al empleo, el Libro destaca la necesidad de intensificar los vínculos entre educación y empresa y de impulsar el protagonismo del empresariado en la gobernanza ejecutiva de la formación, como una de las 10 propuestas clave contenidas en la obra.

Bono escolar y desgravación

El informe defiende el derecho a la educación y de libertad de enseñanza. «Son los padres lo que tienen que elegir y no los poderes públicos», ha aseverado el presidente de la Comisión de Educación de la CEOE y de ACADE, Jesús Núñez, que ha hecho un repaso de las propuestas.

Entre ellas, se encuentra aplicar el bono escolar en el primer ciclo de Educación Infantil (de cero a tres años) e introducir la desgravación fiscal en las etapas obligatorias para las familias de colegios privados no concertados.

«En un momento en que la reivindicación de la gratuidad de los libros de texto empieza a ser atendida, resulta inaceptable que no se considere la extensión de la gratuidad de las propias enseñanzas obligatorias a todos los ciudadanos, sin menoscabo de su libertad de elección«, subraya el texto.

Además, la CEOE defiende que las familias que llevan a sus hijos a centros privados «están siendo discriminadas en el libre ejercicio de un derecho fundamental, como el de libre elección de centro, pues para hacerlo han de pagar por duplicado ese servicio esencial a través del recibo del colegio y de sus impuestos«.

Apunta que «desde una perspectiva puramente inversora«, es «razonable» que el Estado devuelva a las familias, por la vía de la desgravación fiscal, al menos una parte de los réditos que éste «recuperará de una inversión de la que no ha sido titular».

Otras propuestas importantes son: promover un acuerdo social y político que comparta una visión y asegure un rumbo efectivo para el sistema educativo; establecer un nuevo currículo para un tiempo nuevo; promover la innovación, el emprendimiento y el empleo de las tecnologías; hacer de la docencia una profesión robusta o consolidar la libertad de enseñanza.

Entre esas propuestas cabe señalar también las de definir un sistema eficaz y eficiente de evaluación; fortalecer la autonomía de los centros, su gobernanza y rendición de cuentas; facilitar la transición de la educación al empleo y asegurar un marco básico, moderno y efectivo, común para todo el Estado.

Déficits educativos

Las propuestas indicadas tratan de dar respuesta a lo que el Libro considera cinco déficits muy importantes del sistema educativo: la mediocridad de los resultados, la ineficiencia del gasto, la brecha entre formación y empleo, la lentitud de la respuesta política y las deficiencias de los marcos normativos. Con respecto al primero de estos déficits, el estudio indica que cuando se someten los resultados en educación a la prueba del contraste internacional o a las tendencias a lo largo de periodos suficientemente extensos, se aprecian carencias notables, que suponen frenos para el progreso económico y social de nuestro país.

En lo que concierne al gasto público en educación referido al PIB, España, con un 4,2%, se situaba 1,1 puntos porcentuales por debajo de la UE-28 en el año 2013. Si bien España, con un 18%, es uno de los países europeos en los que la proporción de gasto privado con respecto al gasto total en educación es mayor.

Por lo que se refiere a la brecha entre formación y empleo, el Libro subraya la situación contradictoria que se observa, ya que hay elevados niveles de desempleo y, a la vez, escasez de cualificaciones y de competencias de interés para el mercado laboral. Sobre todo se observa en la enseñanza universitaria, lo que supone un fallo grave en materia de orientación profesional.

Al mismo tiempo, los empresarios ponen de manifiesto la lentitud de la respuesta política y las deficiencias del marco normativo, tanto en la forma, como en enfoque y contenido. Además, hacen hincapié en la creciente presión regulatoria y en el desajuste frecuente entre las normas y el propósito de las políticas públicas, así como con la realidad de los problemas que se pretenden resolver.

Por último, CEOE insiste en la necesidad de que se promueva un acuerdo social y político que dote de estabilidad al sistema educativo, con visión adecuada de futuro, al margen de enfoques ideológicos y, teniendo en cuenta la visión empresarial y el compromiso de los empresarios con la educación.

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