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subraya, además, que desde la Asociación se solicita que la Ley madrileña «implemente fórmulas de (apoyo) de implantación directa y apoyo a las familias».
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Por ello, ACADE ha solicitado a las consejerías y ayuntamientos el mantenimiento íntegro de las ayudas y bonos para la escolarización de niños de 0 a 3 años mientras dure el estado de alarma y la suspensión de las clases por la crisis del COVID-19.
Además, subraya la Asociación, la desaparición de estas ayudas a la escolarización supondría un agravante también para la economía familiar, que en muchos casos tiene que enfrentarse a ERTES, despidos o reducciones de salarios por la crisis del COVID-19, y sin estas ayudas tendrían que abonar íntegramente el precio de la escuela infantil.
La desaparición de este sector educativo supondría un agravante más para la situación económica que se avecina al Estado ya que si la educación pública tuviera que escolarizar los más de 154.000 alumnos de 0 a 3 años que estudian en estos centros privados, el gasto público educativo debería aumentar en unos 1.160 millones de euros al año, una décima del Producto Interior Bruto español actual.
ACADE ya advirtió antes de la crisis del COVID-19 que se estaba produciendo un continuado cierre de centros, a un ritmo de dos por semana, por lo que la situación a raíz de esta crisis será mucho más dramática si no se toman medidas que protejan al sector.
El sector privado de educación infantil ya se encontraba, en circunstancias normales antes de la crisis del COVID-19, especialmente castigado debido a la existencia de las llamadas madres de día, centros de ocio infantil como ludotecas y distintos establecimientos que, sin contar con la autorización educativa de las consejerías, actúan como escuelas de educación infantil sin serlo.
A esto hay que sumarle el retraso del pago de los bonos escolares a los centros por parte de las consejerías en algunas comunidades autónomas, especialmente en la comunidad valenciana, que acumula meses de atrasos haciendo insostenible la situación económica de estos centros.
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Juan Santiago propuso a Rocío Albert la ampliación de la desgravación fiscal de los gastos educativos hasta 1.500 euros por hijo -en la actualidad está en un máximo de 900 euros-, pasando así de una desgravación del 15 % actual al 25 %; así como el incremento del volumen y la cuantía de los cheques escolares.
La situación de los centros privados de educación infantil fue otros de los ámbitos que se analizaron en la reunión. Juan Santiago propuso que la gratuidad y universalización de la escolaridad en el tramo de 0 a 3 años se realice teniendo en cuenta la red de centros privados, extendiendo y ampliando los modelos de financiación propuestos ya que permiten a las familias escoger con mayor libertad la escuela que más se ajusta a sus necesidades.
Además, destacó que con ello se evitaría el cierre de un importante sector educativo que en la actualidad cuenta con muchos más centros que la red pública, que escolarizan en la comunidad madrileña al 52 % de los niños de 0 a 3 años. “El cierre masivo de estas escuelas supondría además una gran destrucción de empleo en un sector joven y altamente feminizado”.
En esta línea de fórmulas que favorecen a las familias madrileñas, Juan Santiago subrayó también la necesidad de incrementar las becas en Bachillerato que permitan a los alumnos sufragar los gastos de escolarización en el centro que deseen.
Otro de los puntos abordados en el encuentro fue la autonomía diferenciada para los centros privados ya que no están sostenidos con presupuestos públicos. El presidente de ACADE hizo referencia especialmente a dos ámbitos. Por una parte demandó la continuidad de los exámenes extraordinarios de septiembre para los colegios privados, como ocurre en la actualidad. Por otra parte solicitó una mayor autonomía para estos centros para que puedan desarrollar proyectos innovadores que den respuesta a las demandas de la sociedad.
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Este artículo esta realizado como respuesta a otro anterior publicado por este diario en el que se acusaba a la enseñanza privada de promover las desigualdades sociales.
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Jesús Núñez explicó a los portavoces socialistas que la situación para la enseñanza privada “es tan grave que puede llevar a su desaparición en España, por lo que hay que tomar medidas de forma inmediata que eviten el desmantelamiento de este modelo educativo”. Con la destrucción de este sistema de enseñanza “se cercenaría también las opciones de los padres para elegir un colegio que responda a sus expectativas, por no hablar de la destrucción de un gran número de empleos docentes y de actividades complementarias”, subrayó el presidente de ACADE.
Para ello solicitó que se actualicen los modelos de financiación, introduciendo fórmulas como la desgravación fiscal, vigente ya en la comunidad de Madrid, bonos escolares, o fórmulas similares. Métodos que, además, eliminaría el doble pago de la educación al que están sometidos los padres que escogen la educación privada.
Otros de los puntos que se abordó en esta reunión fue el Libro Blanco de la Educación que está elaborando CEOE, que se encuentra en su recta final, y en el que ACADE colabora al tener Jesús Núñez la presidencia de la Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento de la confederación empresarial.
Anteriormente a este encuentro, ACADE se reunió con la portavoz del grupo popular del PP, Silvia Valmaña y su equipo.
]]>Aunque el encuentro con Cruz lo mantuvo en calidad de presidente de la Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento de CEOE, el próximo jueves 26 de enero, volverá a reunirse con él, esta vez como representante de ACADE.
Jesús Núñez expuso a los portavoces parlamentarios la crisis que está atravesando la enseñanza privada. “Desde hace años, los centros privados están acarreando un descenso progresivo de alumnos en todos los niveles educativos, lo que está afectando muy negativamente a los puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, a los distintos sectores que nos prestan servicios y a la inversión en infraestructuras”, subraya Núñez.
ACADE considera urgente frenar esta tendencia que amenaza con la desaparición de la enseñanza privada y solicita que se actualicen los modelos de financiación, introduciendo fórmulas como la desgravación fiscal, vigente ya en la comunidad de Madrid, bonos escolares, o fórmulas similares. Métodos que, además, eliminaría el doble pago de la educación al que están sometidos los padres que escogen la enseñanza privada.
Asimismo, Jesús Núñez dio a conocer el Libro Blanco de la Educación que está elaborando CEOE, en el que colabora al tener la presidencia de la Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento de la confederación empresarial.
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