Los representantes de ACADE transmitieron a Moneo las principales líneas para la mejora de la educación española. Entre ellas, el incremento de la autonomía diferenciada para los colegios y escuelas infantiles privadas recogida en la disposición final primera apartado 6 de la LOE, pero no desarrollada.

Este reconocimiento a la autonomía pedagógica, curricular y de gestión diferenciada para los centros privados, se basa en que no reciben financiación pública. Esto les permitirá adaptar su proyecto a las necesidades y demandas educativas de sus alumnos.

Al igual que manifestó ante la ministra de Educación, Juan Santiago expresó a Sandra Moneo la necesidad de desarrollar en el ámbito estatal fórmulas que ayuden a las familias a sufragar los gastos en educación, como son la desgravación fiscal de los gastos educativos y el bono escolar, lo que «acabaría con las desigualdades autonómicas en los beneficios económicos que reciben las familias”.

Educación infantil

La difícil situación del sector privado de escuelas infantiles fue otro de los puntos destacados de este encuentro con la portavoz popular de la comisión de Educación. Medidas como la que va a poner en marcha el próximo curso en Madrid, al establecer la gratuidad del primer ciclo de educación infantil en las escuelas de la Comunidad sin que vaya parejo con el incremento de los bonos escolares para los padres de los centros privados, puede acarrear el desmantelamiento del sector privado de educación infantil.

Así lo manifestó Juan Santiago, que no se opone a la gratuidad, pero sí a la forma elegida para financiar las plazas escolares, “ya que el modelo implantado obliga a los padres a estar sujetos a las escuelas públicas de la Comunidad. Las familias estarían más beneficiadas si el Gobierno madrileño optase por incrementar significativamente el bono 0-3 o implantase la desgravación fiscal de los gastos educativos. De esta forma los padres tendrían la libertad de escoger el centro que quisieran, independientemente de que fuese público o privado, y al mismo tiempo disfrutar de la escolaridad gratuita”. Esta petición la realizó también el presidente de ACADE ante el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, en la reunión que mantuvieron el pasado 26 de octubre.

Solo en Madrid este sector, altamente feminizado, emplea a cerca de 10.000 trabajadores, y la drástica disminución de alumnos prevista para el próximo curso puede llevar a reajustes de plantillas o cierre de escuelas. El presidente de ACADE también expuso esta situación ante el consejero de Educación madrileño en el encuentro que mantuvo el 26 de octubre.

Santiago abogó también por “el mantenimiento de la unidad del primer ciclo”, y analizó el incremento de los establecimientos que actúan ilegalmente como escuelas privadas de educación infantil autorizadas sin serlo. En este ámbito subrayó “el gran perjuicio económico para el sector, el resentimiento de la calidad educativa y el peligro en que se pone para la seguridad de los niños”.

ACADE no se opone a la gratuidad, pero sí a la forma elegida para financiar las plazas escolares. Así lo expresó Juan Santiago quien manifestó su descontento al consejero ya que el modelo implantado obliga a las familias a estar sujetas a las escuelas públicas de la Comunidad si quieren beneficiarse de la gratuidad. “Las familias, subrayó Santiago, habrían salido más beneficiadas si el Gobierno madrileño hubiera optado por incrementar significativamente el cheque 0-3, o implantase la desgravación fiscal de estos gastos educativos. Solo así, los padres tendrían la libertad de escoger el centro que quisieran, independientemente de que fuese público o privado, y al mismo tiempo disfrutar de la escolaridad gratuita”.

Además, el presidente de ACADE expuso a los responsables de Educación las graves consecuencias que esta medida puede acarrear en el sector de escuelas infantiles privadas, y las repercusiones en el tejido empresarial madrileño. Este sector, altamente feminizado, emplea en la comunidad madrileña a cerca de 10.000 trabajadores, y la drástica disminución de alumnos prevista para el próximo curso puede llevar a reajustes de plantillas o cierre de escuelas.

Por su parte el consejero adelantó que la Comunidad “no tienen voluntad ni presupuesto” para ampliar la red escuelas infantiles públicas, y confirmó que la gratuidad solo se aplicará a la escolaridad quedando fuera cualquier otro concepto y servicio como comedor, ampliación de horario o actividades.

En relación al cheque 0-3 Van Grieken destacó que en 2019 se mantendrá la convocatoria en los términos actuales, lo que supone idéntico calendario y partida presupuestaria de 36,6 millones de euros. Además manifestó su intención de que la resolución definitiva se produzca en julio.

Evaluación extraordinaria

Otro apartado que el presidente de ACADE transmitió al consejero fue la preocupación que se generó en el sector de colegios privados por la modificación de las fechas de evaluación extraordinaria en ESO y Bachillerato, y que vinculan exclusivamente a los centros financiados con fondos públicos. El problema surgió cuando al remitirse las nuevas fechas al calendario escolar algunos inspectores pretendieron aplicar este calendario a los centros privados.

En este sentido, Juan Santiago defendió la autonomía diferenciada de los centros privados y subrayó que deben poder establecer plazos diferentes a los determinados para los centros sostenidos con fondos públicos.

Desgravación fiscal

En este encuentro con la consejería de Educación, ACADE volvió a recalcar la necesidad de incrementar la deducción fiscal en el tramo autonómico de los gastos por escolaridad, en los siguientes términos:

• Porcentaje de deducción aplicable, incrementándolo desde el 15 % actual hasta el 25 %.
• Límite máximo de la deducción, incrementándolo desde los 900 euros actuales hasta 1.500 euros.
• Límite de renta familiar, incrementándolo desde los 30.000 euros por miembro familiar actuales hasta un importe de 50.000 euros.

Además solicitó que también se incluya en esta deducción el primer ciclo de la educación infantil, como propusieron tanto Cristina Cifuentes como Ángel Garrido. Sobre estas peticiones Rafael Van Grieken notificó que los límites de desgravación se mantendrán en los términos actuales, si bien sí está prevista la ampliación al tramo 0-3, aunque depende de la tramitación final en la Asamblea de Madrid.

Ronda de contactos

Este encuentro con la consejería madrileña se suma a la ronda de contactos que el presidente de ACADE está manteniendo con los responsables autonómicos de Educación y distintos organismos desde que asumió la presidencia el 21 de septiembre. El 25 de octubre se reunió, junto con Franc Corbí, vicepresidente de ACADE, y Alejandro Monzonís, presidente en la comunidad valenciana, con el secretario autonómico de Educación e Investigación de la Comunidad Valenciana, Miguel Soler; y el 15 del mismo mes con el presidente del Consejo Escolar del Estado, Ángel de Miguel Casas.

La educación infantil centró gran parte del encuentro. Uno de los temas fue transmitir a Soler el perjuicio causado al sector privado por la inclusión de las escuelas infantiles municipales en el sistema de bonos escolares.

El presidente de ACADE manifestó el malestar y la incertidumbre generada por el sistema poco equitativo de distribución de los bonos 0-3 en el que las familias de los centros privados salen perjudicadas. Esto se debe a que el Gobierno autonómico incluyó en una misma partida presupuestaria los bonos dirigidos a las familias escolarizadas en centros privados de 0 a 3 años, a las escuelas municipales de 0 a 2 años, y la gratuidad de las aulas de 2-3 años en escuelas municipales.

El problema surge en que las ayudas a las  aulas gratuitas están destinadas al centro y tienen preferencia sobre las ayudas a las otras dos líneas de escolarización. A continuación, la convocatoria prima los bonos en las escuelas municipales, y lo que quede del presupuesto se destinará a las familias que tengan sus hijos escolarizados en centros privados.

Ante esto, Miguel Soler anunció su intención de separar en las próximas convocatorias las asignaciones presupuestarias destinadas a los centros privados de las dirigidas a las escuelas municipales, valorando el servicio y la calidad que prestan los centros de educación infantil de ACADE. Este año la conselleria ha incrementado de 30 a 48 millones de euros la asignación la partida de bonos 0-3.

Los representantes de la patronal también le mostraron su preocupación por la enorme cantidad de incidencias que se están produciendo en la gestión del bono en la actual convocatoria, en la que la Comunidad tuvo que asumir la labor gestora al no presentarse ninguna empresa.

Varios errores de Educación en el cotejo de los datos fiscales de las familias acarrearon que un gran número de padres quedasen excluidos en los listados provisionales. La situación continuó agravándose debido a que en las listas definitivas, estos equívocos no fueron subsanados.

Esto ha causado una gran alarma social, y aunque la conselleria reconoció los errores y se comprometen a subsanarlos “en el menor plazo posible”, por ahora son las escuelas infantiles privadas las que están soportando el adelanto del pago del bono, realizando grandes desembolsos económicos con el objeto de que este gasto no repercuta en la economía familiar. La situación está poniendo en peligro la supervivencia de muchas escuelas que no cuentan con el soporte económico necesario para hacer frente a estos grandes desembolsos.

Establecimientos ilegales

Otro de los temas tratado en el encuentro con la conselleria fue la creciente proliferación en la comunidad valenciana de establecimientos que funcionan ilegalmente como centros de educación infantil privados sin contar con la autorización de Educación. La comunidad valencia es, junto Andalucía, una de las autonomías donde más crece el número de estos centros ilegales, lo que puede suponer un peligro para seguridad del niño al no contar con ninguna de las inspecciones –educativas, de instalaciones, profesionales, sanitarias, de protección de riesgos laborales…- que exige Educación. Además supone un fraude para las familias que desconocen que el centro se mueve en la ilegalidad.

ACADE también propuso a Miguel Soler la posibilidad de contemplar la desgravación fiscal autonómica para las familias por gastos escolares en enseñanza privada, similar a como sucede en la comunidad de Madrid, y que está teniendo una gran aceptación social.