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En el encuentro se abordó la difícil y preocupante situación que atraviesa en la comunidad valenciana el sector privado de educación infantil, por lo que ADEIV-ACADE expuso la necesidad de blindar el ciclo 0-3 con una normativa sólida que lo proteja de los continuados cambios políticos. Para ADEIV-ACADE es imprescindible consolidar el mantenimiento de este sector de enseñanza ya que constituye un factor esencial para la conciliación familiar y laboral de familias, y supone además una fuente fundamental de generación de empleo, especialmente, femenino y joven.
A esta reunión, que se desarrolló el 11 de diciembre, acudieron también las patronales FECEVAL y Educación y Gestión.
]]>«Lo estamos pasando fatal» subraya. El motivo es el retraso en los pagos del bono infantil que la Consejería debe abonar a los centros, y que estos descuentan mensualmente a las familias del importe de la plaza escolar. Las escuelas no han cobrado nada desde que empezó el curso, y en algunos casos los retrasos alcanzan también al curso anterior, a los meses de mayo y junio.
«Hay más centros en riesgo de cierre y más endeudamiento”, subraya Bardal en la entrevista. De hecho muchas escuelas ya han tenido que retrasar el pago de las nóminas del personal o las mensualidades del alquiler o hipotecas de los locales. «Los que han podido han renovado pólizas de crédito, asumiendo unos intereses que no repercutirán en la administración pese a ella es quien genera el problema», añade Bardal.
La situación es tan crítica que van a tomar la única resolución posible para la viabilidad de las escuelas: “Repercutiremos el coste total del puesto escolar en función del dinero que nos hayan ingresado en enero porque la situación es muy preocupante».
Además a estos retrasos de la Consejería se le suman atrasos también de otras ayudas municipales, como el cheque escolar del Ayuntamiento de Valencia, del que se han recibido dos mensualidades pero no la tercera.
De seguir así, y de continuar los impagos del bono infantil por parte de la Generalitat de Valencia, junto a los centros de educación infantil privados, las grandes perjudicadas serán las familias valencianas que deberán hacer frente al coste de la plaza escolar sin descuento alguno, que en algunos casos podría ser hasta 200 euros más al mes.
Estas declaraciones fueron realizadas tras la finalización de la junta Directiva de ADEIV-ACADE que se celebró ayer 27 de noviembre en la sede deESIC de Valencia
Las tres organizaciones han decidido actuar de forma conjunta tras romper el Gobierno Valenciano la igualdad de trato a los alumnos y aulas de dos años, primando la educación pública sobre la privada.
Tras la publicación de la normativa del bono infantil, que incluye la gratuidad de las aulas de dos años en las escuelas municipales, la apertura de numerosas aulas de dos años en los colegios públicos y la negativa de la Conselleria a equilibrar las condiciones de subvenciones en la red de 0 a 3 años, las patronales que agrupan a estas empresas han decidido denunciar la vulneración de derechos a centros, familias y trabajadores ante el TSJCV y la repercusión negativa que tienen sobre ellos estas nuevas condiciones en que se sitúa a sus centros escolares en clara desventaja económica ante los públicos.
La presidenta de ACADE-ADEIV, Carmen Bardal, “estamos luchando por la supervivencia de un sector que realiza una labor educativa y social altamente profesionalizada. Con esta actuación, el Gobierno autonómico pone en peligro la viabilidad de una red de más de 500 centros educativos distribuidos por toda la comunidad y autorizados por la propia conselleria y se está jugando con los puestos de trabajo en un sector que está altamente feminizado”.
Para el presidente de FECEVAL-CECE Alberto Villanueva, “es evidente que nos encontramos ante la ley del más fuerte, con desinterés por el dialogo y la falta de la más elemental sensibilidad ante un sector que históricamente ha venido desarrollando una extraordinaria labor social en favor de la conciliación familiar; una entre las muchas razones de ser de unos equipos humanos de intachable responsabilidad y profesionalidad que ahora ven sus puestos de trabajo en el aire”.
Por su parte la secretaria autonómica de ESCACV, Vicenta Rodríguez, “hemos dado un paso al frente todos unidos porque no vamos a tolerar que la cuestión económica sea el factor decisivo en la elección de un centro porque de este modo se rompe el principio de libertad de enseñanza en igualdad de condiciones. Una vez más la Generalitat está contra los derechos de las familias y los titulares de los centros y no vamos a tolerar que se juegue con el futuro de la educación de los más pequeños. Podían haber planteado muchas soluciones pero han elegido la peor de todas”.
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